A partir de la inquietud por amenazas del Vertedero “Cateura”, gigantesco basural de residuos situado en las afueras de Asunción, sobre el Rio Paraguay, que junto a sus afluentes, la Defensoría del Pueblo de la provincia pidió a las autoridades de la Cancillería argentina que intervenga en la cuestión a fin de evitar riesgos en la población y en el medio ambiente del territorio formoseño.
La Defensoría advirtió que “en la actualidad se prosigue con todas las actuaciones, sin que se adopte una decisión sobre otorgar un serio y amplio tratamiento a “Cateura” donde su modulo Nº4 se halla colapsado y menos aún frente a un fragante “Delito Ambiental”, la Municipalidad de Asunción no toma ninguna medida de mitigación.
En realidad hay que reconocer que a veces la Defensoría del Pueblo (no siempre) esta donde tiene que estar, haciendo lo que debe hacer (lo debería hacer siempre).
Parece que hay un fiscal corrupto en Asunción del Paraguay que defiende a una empresa que contamina asquerosamente el rio Paraguay, en vez de accionar para que la empresa deje de contaminar, pero convengamos que la corrupción es igual en todos lados.
El Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (Cemit), dependiente de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), desde el año pasado sostiene que del análisis se desprende que el efluente del canal de drenaje del lixiviado del módulo 2 de Cateura contiene una alta demanda química de oxígeno (DQO), a igual que la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), que son parámetros para determinar que en realidad el líquido está contaminado.
“La DQO y la DBO se encuentran muy alejados de los valores aceptables para efluentes de cargas. Los sólidos suspendidos se encuentran varias veces por encima de los valores límite establecidos por la Seam”, sostiene en una parte del informe del Cemit, firmado por la directora general de Investigación Científica y Tecnológica, Dra. Inocencia Peralta.
Estos informes, no dados a conocer públicamente, se encuentran en la carpeta fiscal a cargo de la fiscala María Bernarda Alvarez, bajo la carátula “Cateura/Empo, procesamiento ilícito de desechos”.
El caso fue paralizado en forma adrede ante una absurda recusación que hizo el abogado de Empo, José Miguel Marín Bestard, quien se caracteriza por incidentar estos hechos con el propósito de desviar la atención y seguir con la contaminación producida por Cateura.
El argentino Enrique Ortuoste (camisa blanca) y el Abog. Miguel Marín Bestard (traje) son los responsables de Empo.
El nombre del fiscal que esta "hasta las manos" es José Luis Casaccia y no posee llamativamente, ninguna recusación desde la firma Empo.
Además, Casaccia hasta ahora no revela informes sobre nuevos análisis de efluentes.
En sintesis, la defensoría solicitó con trámite preferencial, a la Directora General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Embajadora María Esther Bondanza, que adopte en forma urgente todas las medidas necesarias y eficaces que tengan por finalidad y único objetivo el cese de la contaminación del río Paraguay producido no solamente por los lixiviados del Vertedero Cateura, sino también por los efluentes que salen de la descomposición de la basura orgánica y que al mismo tiempo se mezclan con químicos y otras sustancias provenientes de baterías, pilas comunes, celulares y otros contaminantes, que ponen en peligro la utilización de este “curso de agua internacional”.
Lo gracioso es que la contaminación producida es inmensa, pero los funcionarios se mueven o directamente no se mueven desde el año pasado que se demostró la alta contaminación producida por el vertedero Cateura, mientras tanto los formoseños nos preocupamos por el fallo de la Haya en la cuestión del Rio Uruguay y la papelera Botnia.-
Leonardo Fernández Acosta.-
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