EL JUICIO DE MARGARITA BELEN

La primera audiencia del juicio por la Masacre de Margarita Belén a cargo del Tribunal Oral Federal Penal de Resistencia debió comenzar ayer a la mañana con la lectura del requerimiento elevado por el Ministerio Público para esclarecer los delitos de muerte y desaparición forzada de 22 detenidos políticos pero la defensa de los militares imputados (ocho ex integrantes del Ejército y uno de la Policía del Chaco) sorprendió con la presentación del abogado Carlos Pujol como defensor de cuatro de ellos.


Esto interrumpió el inicio del juicio que se lleva cabo en el tribunal presidido porque la jueza Gladis Yunes y los magistrados Eduardo Belforte (Formosa) y Ramón González (Corrientes), y el cuarto juez: Osvaldo Alurralde (Reconquista).

Pujol pareció constituirse en la defensa de Gustavo Athos René

, Aldo Martínez Segón, Jorge Carnero Sabol y Germán Riquelme y de entrada pidió la suspensión del juicio por tres jornadas para tomar contacto con las novedades del expediente.


Pujol es un antiguo conocido de esos militares a quienes representó como defensor oficial cuando tenía a su cargo esa tarea a la que renunció ante la posibilidad de ser exonerado debido a una causa judicial en la que fue condenado por su actividad profesional antes de asumir ese cargo en la Justicia Federal Penal.


La querella mantuvo una actitud expectante, creyendo que el ex defensor oficial iba asumir la defensa de los militares. Así lo entendieron también de la Secretaría de Derechos Humanos y familiares de las víctimas Mario Bosch junto a los abogados Rubén Billa y Ataliva Dinani por la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, Sergio Quirós y Silvina Canteros de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Chaco.

Un defensor que no fue.


Esto motivo un intercambio de opiniones entre los integrantes del tribunal, quienes admitieron a Pujol como miembro de la defensa luego que éste dijera que aceptó esa tarea aunque sin formalizarlo ante el secretario.

Todas las partes dieron por hecho esa situación que después no se concretó. Yunes le respondió que no podía requerir la paralización del juicio porque esa alternativa no está permitida en esta instancia.


Esto llamó la atención al Ministerio Público, representado por el jefe de la unidad especial a cargo de juicios por crímenes de lesa humanidad Jorge Auat y los fiscales Javier De Luca, Germán Wiens Pintos, Carlos Amad, Horacio Rodríguez, Flavio Ferrini y Luis Benítez. En el inicio del juzgamiento de numerosos crímenes de lesa humanidad, el Ministerio Público prefirió avanzar y luego plantear el cuestionamiento, correspondiente.


Así el defensor oficial, Juan Manuel Costilla se quedaba con la representación de los militares Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Ernesto Jorge Simoni, Luis Alberto Patetta y el policía provincial Alfredo Luis Chas.


Poco después de las 9 se sucedieron estos episodios en un tribunal colmado de medios de prensa, con la presencia de la militante defensora de militares acusados por este tipo de crímenes Cecilia Pando, que entonces recibió una lluvia de críticas por una amenazante señal que le profirió al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Duhalde y cuestionó severamente al tribunal que condenó a varios militares, entre ellos a Losito, ahora enjuiciado en el Chaco.

Pujol debió salir de la sala.


El “caso Pujol” pareció quedar “ahí”, mientras las partes escuchaban la lectura del requerimiento de elevación a juicio remitida por el fiscal federal Gustavo Corregido, donde se relatan episodios previos al supuesto traslado a Formosa de 13 detenidos. La orden fue impartida para llevar adelante el “Operativo Rojo” por el jefe de la VII Brigada de Infantería, Cristino Nicolaides al jefe del Area Militar 233, Jorge Larrateguy (acusado en esta causa pero ya fallecido).


El traslado de la Unidad Penal Federal 7 a la Alcaidía Policial y la paliza que recibieron los trasladados en la noche del 12 de diciembre se repiten en varias partes del expediente, donde los militares insisten en señalar que fue un traslado, que fueron atacados en las cercanías de Margarita Belén, que hubo muertos, prófugos y abatidos en días subsiguientes aunque con explicaciones diversas, a veces encontradas y no siempre coincidentes.


Se sabe que en el “enfrentamiento” no hubo bajas ni heridos entre los militares. Sólo se menciona la rotura del parabrisas de un camión, de los faros de luces y pinchaduras de algunas ruedas. Se estaba en estas historias del expediente hasta que cerca de las 11 Yunes dispuso un cuarto intermedio que fue determinante.
Al reanudarse la audiencia el fiscal De Luca alertó al tribunal presidido por Yunes que todos estaban en presencia de un “testigo curioso”, que no era otro que Pujol porque al no formalizar la aceptación de ser defensor no podía seguir en la sala. Que no se le diera la palabra hasta que no aceptara el cargo, requirió enfático el representante del Ministerio Público.


Además argumentó de acuerdo a lo dispuesto en el Código Procesal Penal que no puede pedir la suspensión en esta instancia judicial y además entendió que en ese plexo normativo se establecen causales que le impiden presenciar el juicio y que debía abandonar la sala de audiencias. De Luca sorprendió al tribunal y a Pujol. Yunes debió pedirle a que acepte o no ser defensor el abogado dijo que iba a definir la situación en las próximas horas y debió abandonar la sala.


Pujol fue condenado por la justicia provincial de Formosa que luego le valió dificultades que lo encaminaron a renunciar a la defensoría oficial de la Justicia Federal del Chaco.


Tras estos hechos, que Yunes dijo no constituyeron incidente judicial alguno, prosiguió la audiencia hasta las 13 y luego se retomó a las 16. En el interregno hubo un incidente entre policías provinciales que custodiaban el móvil policial para trasladar a los militares detenidos de ese lugar hacia los destinos donde permanecen el resto del día y un grupo de jóvenes de HIJOS y de Libres del Sur, pero tras el forcejeo y algunos empujones los ánimos se calmaron.


A media tarde, tras reiniciarse la audiencia y completarse la lectura del requerimiento de elevación a juicio remitido por el fiscal Auat, que se acortó su lectura en la parte donde se cita la doctrina jurídica, se pasó al inicio del requerimiento formulado por la querella que se diferencia del enfoque que tiene el Ministerio Público porque hay una categorización diversa a la responsabilidad delictiva que se le imputa al policía Chas.


En la primera jornada de este juicio, los secretarios del Tribunal Oral Federal Penal de Resistencia, Francisco Rondán y Lucila Frangioli dieron lecturas a algunas de las páginas de este expediente que tiene 57 cuerpos y más de 11.800 páginas.
(Fuente Diario Norte.com)